En una entrevista con La FM de RCN, el abogado Víctor Mosquera, representante legal de Miguel Uribe, reveló que entre 2021 y 2024 se radicaron al menos 40 solicitudes de protección y refuerzo del esquema de seguridad del senador del Centro Democrático, todas ellas desatendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Desde hace más de tres años se venía alertando al Gobierno sobre el alto riesgo que corría
Al ser consultado por cuántos escoltas acompañaban a Uribe el día del atentado, Mosquera prefirió no dar detalles, argumentando que la investigación está en curso, aunque insistió en que el esquema era “claramente insuficiente para un líder de oposición con alta visibilidad”.
Piden protección máxima para el sicario detenido
Sobre el proceso penal en curso contra el joven capturado tras el atentado, Mosquera confirmó que ya se han presentado como representantes de víctimas. El abogado explicó que están colaborando con la Fiscalía para obtener toda la información del autor material, quien, según dijo, ya está proporcionando datos relevantes.
“Lo importante es que esa colaboración permita identificar a los determinadores del crimen y se garantice que no haya impunidad. Hemos solicitado máxima protección para el sicario y su familia dentro del programa de testigos”, señaló.
No obstante, el abogado expresó su insatisfacción con los beneficios jurídicos a los que podría acceder el menor implicado.
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“Personalmente no estoy de acuerdo con la ley que permite beneficios cuando un menor comete un acto de adulto, debería responder como adulto. Pero es la norma vigente y la Fiscalía la está aplicando de forma adecuada”, matizó.
Críticas al presidente Petro por declaraciones
En otro momento de la entrevista, Mosquera cuestionó el papel del presidente Gustavo Petro en la comunicación pública del caso. Aseguró que el Ejecutivo ha intentado asumir funciones propias de la Fiscalía, lo que, según él, podría afectar la investigación.
“El presidente no puede convertirse en vocero de los hallazgos. Debe dejar que sea la Fiscalía quien entregue la información. Politizar este proceso solo pone en riesgo su credibilidad y eficacia”, puntualizó.
