La Superintendencia de Sociedades inició una actuación administrativa contra la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) para revisar el manejo de los recursos que percibe por la administración del Registro de Garantías Mobiliarias.
De acuerdo con datos oficiales, este registro le genera a la Confederación ingresos cercanos a los 18.000 millones de pesos al año, lo cual ha motivado la lupa de los entes de control.
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En el documento se señala que “el propósito de esta actuación es ejercer la vigilancia administrativa sobre la Confederación, para lo cual solicitará, confirmará y analizará, en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiera sobre la situación contable, financiera, administrativa, económica y jurídica de esa Confederación”.
A esto se suma la decisión de la Contraloría General de la República, que el 25 de octubre de 2024 ordenó incluir a Confecámaras como sujeto de control fiscal, “como quiera que los recursos que percibe Confecamaras, como responsable de llevar el Registro de Garantías Mobiliarias son de naturaleza pública, es procedente el control fiscal de la Contraloría General de la República sobre dichos recursos”.
Confecámaras, por su parte, en un documento enviado el 26 de junio, cuestionó la legalidad de la actuación de Supersociedades. “Nuestro propósito es invitar a la Directora de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos en particular, y a la Superintendencia de Sociedades en general, a ajustar su decisión a la Ley vigente en materia de inspección, vigilancia y control y se abstenga por ende, de ejercerlas sobre Confecámaras”. Además, sostuvo que “no hay Ley que haya asignado funciones respecto de las federaciones o confederaciones de cámaras de comercio”, sostuvo.
Confecámaras advierte que “las funciones a cargo de la Superintendencia de Sociedades respecto de las federaciones o confederaciones de cámaras de comercio necesariamente deben ser las ‘asignadas por la ley’. Y se reitera, NO hay Ley que haya asignado funciones respecto de las federaciones o confederaciones”.
También señaló que “la información que ellos contienen no puede ser divulgada por la Entidad requirente y con mayor razón si la Superintendencia de Sociedades la ha solicitado y adquirido por fuera de sus competencias constitucionales y legales”.
El gremio entregó más de 900 páginas de documentación, entre ellas los estados financieros de los últimos tres años, actas de aprobación presupuestal, políticas contables, informes de auditoría y manuales internos, aunque dejó claro que lo hizo por prevención, y no por reconocer competencia alguna.
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Además, enfatizó que no acepta ni reconoce ningún tipo de fiscalización sobre los recursos derivados del Registro de garantías mobiliarias, al considerar que estos tienen naturaleza privada y no están sujetos a vigilancia ni control por parte de entidades estatales. “Confecámaras SÍ está entregando la información y documentos solicitados a pesar de que quien se la pide carece de competencia”, puntualizó el documento.
Ahora, la Superintendencia deberá evaluar la información recibida y determinar si ha habido o no irregularidades en el manejo de los recursos públicos asociados al Registro de Garantías Mobiliarias. La decisión podría marcar un precedente clave en la relación entre entidades privadas con funciones registrales y los entes de control del Estado.
