Desde mediados de 2024, se han vuelto cada vez más frecuentes las imágenes de colombianos haciendo largas filas para reclamar sus medicamentos en los dispensarios de las EPS, bajo titulares que alertan sobre “escasez”. Pacientes crónicos que dependen de anticoagulantes, insulina o medicamentos oncológicos, entre otros, deben esperar durante horas solo para que se les informe que los insumos ya se agotaron.
Si bien nadie niega la existencia de una crisis, los distintos actores del sistema de entrega de medicamentos —Gobierno, gestores farmacéuticos, EPS e industria— se responsabilizan mutuamente.
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Entre las principales críticas, se destaca que la medida no resuelve la crisis actual del sistema ni garantiza un financiamiento adecuado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). También se objeta la falta de estudios técnicos transparentes y un análisis fiscal responsable. Además, se advierte que el decreto reemplaza pilares fundamentales del sistema sin trámite en el Congreso, lo que vulnera la división de poderes.
Los exfuncionarios afirman que el decreto representa una imposición ideológica, ya que, aunque se presenta como una reglamentación parcial de leyes vigentes, en la práctica crea un nuevo sistema de salud sin base jurídica sólida ni discusión legislativa. Señalan que el procedimiento adoptado elude los mecanismos propios del proceso democrático.
