Ya quedó radicada la ponencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que propone sancionar la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, por violación de topes electorales en alrededor de 3.500 millones de pesos.
En el documento presentado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se plantean millonarias sanciones para Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña y para otras funcionarias de la misma.
Según propone la ponencia, se debería aplicar una multa de más de 5.000 millones de pesos en total para Roa, actual presidente de Ecopetrol, y para la auditora de la campaña, María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón.
El alcance de la ponencia
El documento fue elaborado por los magistrados Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE y ponente, Cristian Ricardo Quiroz Romero, vicepresidente, y Benjamín Ortiz Torres, y ya fue radicado para ser discutido en la Sala Plena. En él se sanciona administrativamente a la campaña presidencial del Pacto Histórico, representada por el gerente Ricardo Roa Barragán, la tesorera Luciaidé Mogollón Alfonso y la auditora Mariluzi Soto Caro, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
La resolución detalla hechos, pruebas y actuaciones que demostrarían un gasto superior a lo permitido en la financiación electoral. Entre los registros figuran $232 millones en transporte aéreo en helicóptero, $300 millones en transporte de pasajeros en avión y otros rubros conexos como alquiler de ambulancias y actividades logísticas. El texto sostiene que estos gastos contribuyen a demostrar la vulneración de los límites legales de financiación.
Trámite judicial y notificaciones
Todos los miembros de la campaña han sido notificados, incluido el presidente Petro. El proyecto de decisión también ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar eventuales conductas penales en las que pudo haber incurrido el gerente de campaña Ricardo Roa Barragán.
Asimismo, el documento acepta la renuncia del abogado Héctor Alfonso Carvajal como apoderado del entonces candidato Petro, quien hoy ocupa un cargo como magistrado de la Corte Constitucional.
Implicaciones jurídicas
El fallo preliminar no compromete directamente al presidente, ya que, por decisión dividida del CNE (5 votos contra 4), se consideró que el fuero presidencial lo cobija integralmente. En consecuencia, cualquier eventual investigación sobre su conducta deberá adelantarse en la Comisión de Acusación, la única con competencia para evaluar a un mandatario en ejercicio.
Esto significa que, aunque el proyecto de resolución concluye que la campaña violó los topes, el presidente Petro obtiene un triunfo jurídico en el corto plazo al mantener protegido su fuero constitucional.
Lo que sigue
La ponencia deberá ser debatida por la Sala Plena del CNE, que tendrá que confirmar si acoge las conclusiones de los magistrados ponentes. El proceso implica, además, evaluar las sanciones administrativas que podrían imponerse a los responsables financieros de la campaña y a los partidos que avalaron la candidatura.
Mientras tanto, se rechazan los recursos que ya habían presentado Ricardo Roa y otros integrantes de la campaña, lo que allana el camino para que la decisión final quede en firme una vez sea adoptada por la corporación.
El caso reaviva el debate sobre los mecanismos de control a la financiación electoral en Colombia y sobre la capacidad de las instituciones para vigilar con rigurosidad el uso de los recursos en campañas presidenciales.
