La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) se pronunció sobre el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes, y pidió un debate “responsable, franco, abierto y participativo” que tenga en cuenta las voces de todos los sectores de la economía.
“La solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos. Colombia necesita disciplina del gasto, crecimiento e inversión para sanear las finanzas públicas de manera sostenible”, afirmó la organización.
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Entre los impactos que AmCham identificó en el articulado de la reforma se destacan:
- Mayor IVA y costo de vida: Se propone ampliar la base del IVA a juegos de suerte y azar, parqueaderos y cuotas de propiedad horizontal no residencial, además de gravar la gasolina y el ACPM con un tránsito al 10% en 2026-2027 y tarifa general después.
Según Amcham, esto presionaría los costos del transporte público y de carga, y en consecuencia, los precios de alimentos y bienes básicos.
- Cargas adicionales al sector productivo: La reforma plantea un impuesto de renta del 50% para entidades financieras, recargos de hasta 15 puntos porcentuales para petróleo y carbón según precios internacionales, y un impuesto especial del 1% a la extracción. “Esto resta competitividad, inversión y divisas”, advirtió AmCham.
- Señales a la inversión extranjera: El proyecto fija dividendos a no residentes al 30% y mayores retenciones sobre ingresos laborales y honorarios, lo que incrementa el costo de capital y afecta la formalidad del empleo.
- Impuesto al patrimonio y ajustes acumulativos: Se establece un impuesto progresivo al patrimonio desde 40.000 UVT con tarifas hasta 5%, junto con modificaciones en ganancias ocasionales, consumo y tributos ambientales. Según AmCham, “esto crea un efecto acumulado que frena crecimiento y empleo”.
AmCham Colombia reiteró que la salida sostenible a la crisis fiscal requiere austeridad y eficiencia en el gasto público, priorizando inversión productiva antes de exigir nuevos esfuerzos a los contribuyentes.
“Es indispensable garantizar estabilidad y competitividad, evitando cambios que rompan las reglas de juego y deterioren la seguridad jurídica del país”, señaló la organización.
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El gremio también llamó a un diálogo técnico, “sustentado en evidencia y cifras, con la participación real de empresas, trabajadores, regiones y academia, para que las decisiones que se tomen fortalezcan la economía y las finanzas públicas de manera sostenible”.
