El general en retiro Juan Carlos Buitrago advirtió que el mercado de los licores adulterados en Colombia está controlado por estructuras criminales con alcance internacional que operan en varios países de América Latina y el Caribe.
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De acuerdo con el general, las mafias detrás del licor adulterado están vinculadas con otras actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico. “Hay una estructura organizada, cada vez más sofisticada, que maneja una cadena de comercio internacional”, aseguró. Estas organizaciones, según explicó, se benefician de la facilidad y el bajo riesgo que implica el comercio ilícito de productos como el alcohol, el cigarrillo, los electrodomésticos y el oro.
El exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera señaló que en los principales puertos marítimos del país, como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, se ha incrementado la violencia por las disputas entre mafias del contrabando y el narcotráfico. “El homicidio en estas ciudades marítimas se ha incrementado por encima del 40%”, indicó. Añadió que esta tendencia también se observa en otras regiones del Caribe y América Latina, donde “37 de las 50 ciudades más violentas del mundo son portuarias”.
El general sostuvo que el comercio ilegal de alcohol y otros productos “se ha convertido en la moneda para monetizar el dinero producto del narcotráfico”. A su juicio, el impacto de este fenómeno trasciende el ámbito económico y afecta directamente la seguridad en la región.
En cuanto a las recomendaciones a los consumidores, Buitrago advirtió que “adquirir uno de estos productos es básicamente comprar veneno”. Explicó que el metanol presente en algunos licores adulterados puede causar ceguera o la muerte, y pidió no comprar bebidas en la calle ni en puntos no autorizados. “Una de cada cinco botellas que se vende en Colombia tiene origen ilegal”, enfatizó.
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Finalmente, destacó el trabajo de las autoridades en la incautación de licor adulterado en Barranquilla, donde “se han decomisado 175.000 botellas este año”. Sin embargo, insistió en la necesidad de un enfoque integral que combine medidas de salud pública, seguridad y política fiscal. “Las políticas fiscales que encarecen los productos legítimos terminan incentivando la ilegalidad y fortaleciendo al crimen organizado”, concluyó.
