Rogelia Gómez, la presidenta de la asociación de vecinos afectados por los tóxicos de Coria del Río (Sevilla), se ha desplazado a primera hora de este jueves a la Dirección del Instituto de Medicina Legal (IML) en Sevilla para que le confirmen si se les ha asignado a un forense que pueda valorar las enfermedades de los residentes de la barriada Guadalquivir que llevan dos décadas expuestos a altos niveles de gases contaminantes. “Nos han dicho que no han nombrado a ninguno todavía”, explica. Esta constatación resulta sorprendente, ya que el pasado 29 de octubre la jueza que instruye la causa dictó una providencia en la que instaba a este organismo dependiente de la Junta a que le informara sobre “el estado de los informes relativos a la valoración de las posibles lesiones sufridas” y le pedía que se finalizaran y se remitieran “a la mayor brevedad posible”, tal y como ha podido saber EL PAÍS. “¿Cómo se pueden pedir unos informes cuando aún no tenemos médico? Habrá que pedir el médico primero, ¿no?”, se pregunta Gómez, desesperada.
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