En 2019, Europa vetó el uso de un insecticida muy utilizado en los cultivos de cítricos por los daños neurológicos que podía causar, sobre todo en niños. Ese mismo año dio el portazo a un fungicida aplicado en cereales, patatas u hortaliza por los riesgos para la salud humana y la contaminación de aguas subterráneas. Ambos productos, entre otros, no pasaron la revisión obligatoria de sus autorizaciones, un trámite que la ley europea exige repetir cada 10 o 15 años para comprobar si continúan siendo seguros para el medio ambiente y la salud humana. Ahora, la Comisión Europea quiere cambiar las reglas del juego y eliminar esa exigencia, salvo cuando haya pruebas científicas nuevas que aconsejen volver a evaluarlos.
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