Colombia ha dado un paso importante para acercarse a China, que podría desplazar a Estados Unidos como la principal economía mundial. El país firmó el convenio para unirse al plan de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Ruta de la Seda. Con esta acción, se espera abrir oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible para ambos países.
Además, el gobierno colombiano confía en fortalecer su asociación estratégica con China, lo que permitirá un mayor acceso a mercados para los productos nacionales y fomentará proyectos como corredores férreos y energías renovables.
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La Ruta de la Seda moderna va más allá del comercio, ya que busca fortalecer la inversión de China en proyectos de infraestructura en los países que firman el acuerdo.
Según un reportaje de la BBC, se estima que la estrategia ha superado el billón de dólares en inversiones chinas. Un proyecto emblemático es la red ferroviaria de 13,000 kilómetros que conectará Yiwu, China, con Madrid, España.

En América Latina, se han invertido 3,400 millones de dólares en el puerto de Chancay, en Perú, un megaproyecto de casi 1,000 hectáreas para conectar comercialmente a la región con Asia.
Beneficios para Colombia
Para los expertos, el acuerdo con China traerá más beneficios que riesgos para Colombia, ya que representará una buena oportunidad para reducir su déficit comercial. “Colombia tiene un déficit comercial muy grande con China y esto sería de gran ayuda si, dentro de esa cooperación, se agilizan los trámites de protocolos fitosanitarios para productos como el cerdo y el limón tahití, lo que permitiría una entrada más rápida de productos agrícolas a China”, comentó Ronderos, en entrevista con La República.
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Los países que forman parte de la Ruta de la Seda
Actualmente, 146 países están involucrados en el proyecto, 20 de los cuales son de América Latina. Entre ellos se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Panamá fue el primer país latinoamericano en sumarse a la iniciativa, pero se retiró en febrero de este año, tras presiones del presidente Donald Trump.