Una nueva tensión diplomática resurgió el martes 5 de agosto, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusara a Perú de “copar” un territorio colombiano ubicado en el límite fronterizo entre ese país y la ciudad de Leticia, situada junto al río Amazonas.
Se trata de la isla Santa Rosa de Yavarí, un territorio localizado en la frontera con Brasil y Perú, que según palabras del jefe de Estado, haría parte de Colombia y estaría siendo ocupado ilegalmente por la nación peruana. Esto, de acuerdo con Petro, habría violado el Protocolo de Río de Janeiro, lo que motivó su decisión de trasladar el evento de conmemoración de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto a Leticia.
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En este contexto, la isla Santa Rosa de Yavarí habría surgido después del acuerdo de 1929 que sirvió de base para ese tratado. Por eso, según la Cancillería colombiana, esta isla no fue incluida en la asignación original de territorios y debe definirse por medio de una comisión binacional llamada COMPERIF, creada para revisar y acordar temas fronterizos.

El tema volvió a ser noticia después de que el Congreso peruano aprobara la Ley N.º 32403 en 2025, creando el distrito de Santa Rosa de Loreto e incluyendo a la isla como parte de su territorio. Además, Perú nombró a un alcalde para el nuevo distrito.
Gobierno colombiano rechazó la medida
El presidente de Colombia reaccionó asegurando que esta decisión de Perú es una “acción unilateral y violatoria del tratado de Río de Janeiro”. También advirtió que esta medida podría afectar a Leticia, capital del Amazonas colombiano, ya que podría perder su papel como puerto comercial si se modifica el límite del río.
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La Cancillería explicó que, como la isla surgió después del acuerdo original, debe seguirse el proceso establecido entre ambos países para decidir su soberanía. Propuso que se retome el trabajo conjunto de la COMPERIF para acordar qué país debe administrar ese territorio.
Colombia también envió notas de protesta al gobierno peruano, pidiendo reactivar esa comisión y negociar la situación de forma conjunta. Desde 2024, funcionarios colombianos ya venían alertando que la isla podría estar siendo ocupada irregularmente. Hasta ahora, el gobierno peruano no se ha pronunciado frente a la queja oficial de Colombia.