Un nuevo informe de la firma estadounidense Culper Research, que investiga a empresas extranjeras que invierten en Estados Unidos, publicado en agosto de 2025, reveló supuestos vínculos entre dos de las familias más poderosas de Colombia con uno de los grupos terroristas más poderosos del mundo. El documento, titulado “Tecnoglass: de Barranquilla a Sinaloa”, acusa directamente a las influyentes familias Daes Abuchaibe y Char Chaljub de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de participar en complejos esquemas de lavado de dinero y financiación ilícita a través de empresas y bancos locales.
Según el reporte, los hermanos José Manuel y Christian Daes, CEO y COO de la multinacional Tecnoglass, no solo concentran poder en sectores como la construcción y el vidrio arquitectónico, sino que también habrían servido como “facilitadores logísticos del Cártel de Sinaloa en la costa atlántica de Colombia”, aprovechando concesiones portuarias en Barranquilla para el tránsito de cocaína hacia México y Estados Unidos.
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El papel de Banco Serfinanza y la familia Char
El informe dedica un capítulo completo a los nexos entre los Daes y los Char, uno de los clanes políticos más poderosos de Colombia, propietarios de la cadena Olímpica y del Banco Serfinanza. Culper señala que el cartel mexicano “ha construido un aparato financiero para movilizar los ingresos de sus actividades criminales específicamente a través del Banco Serfinanza”.
El documento cuestiona la independencia del directorio de Tecnoglass, señalando que varios de sus miembros tienen lazos directos con el banco de los Char o con familiares de los Daes. Entre los ejemplos, se menciona a Julio Torres, director de Tecnoglass desde 2011, quien simultáneamente integró la junta de Serfinanza, y a Patricia Abudinen Abuchaibe, vicepresidenta del banco y prima de los hermanos Daes.
En palabras del informe: “La familia Daes mantiene estrechos lazos con sectores de la élite política costeña, lo que garantiza acceso privilegiado a contratos estatales y otorga una cobertura de impunidad frente a investigaciones judiciales”.
Negocios, filantropía y la construcción de legitimidad
Culper sostiene que los Daes han logrado blindar su imagen mediante inversiones en construcción, filantropía y actividades comerciales de alto perfil, que les han otorgado reconocimiento social en la Costa Caribe y más allá. Sin embargo, advierte que esa “legitimidad” funciona como pantalla para encubrir la penetración de capital ilícito.
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El documento resalta que incluso tras ser señalados en investigaciones previas, como el informe de Hindenburg Research en 2021, los Daes lograron salir fortalecidos. En esa ocasión, Tecnoglass creó un Comité Especial que, en apenas 90 días, descartó “cualquier evidencia de fraude”. Ahora, Culper cuestiona la independencia de dicho comité, dado que varios de sus integrantes mantenían vínculos con Serfinanza y los Char.
El informe subraya la venta masiva de acciones de Tecnoglass por parte de los Daes en los últimos nueve meses: 345 millones de dólares en tres operaciones sucesivas, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Culper describe estas transacciones como “su mayor liquidación acumulada jamás registrada” y advierte que coincidieron con la renuncia de miembros del consejo directivo y con un proceso de revisión estratégica que nunca desembocó en la venta de la compañía.
“El patrón de desinversión, acompañado de cambios abruptos en la junta, sugiere un intento de blindaje patrimonial ante posibles investigaciones regulatorias o judiciales”, señala el informe.
Conexiones con el Cártel de Sinaloa
La parte más explosiva del documento se centra en la supuesta relación con el Cártel de Sinaloa. Culper cita memorandos de inteligencia mexicanos filtrados en 2022 y 2023, en los que se menciona explícitamente a los hermanos Daes como parte de un grupo de ocho empresarios que habrían lavado fondos del cartel para financiar elecciones en Colombia.
“Los vínculos con operadores del Cártel de Sinaloa no son de carácter ideológico sino eminentemente transaccional, sustentados en la necesidad del cartel de asegurar corredores marítimos fuera de los puertos controlados por las autoridades de Cartagena y Santa Marta”, afirma el texto.
Aunque reconoce que hasta ahora no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a los Char con operaciones del cartel, el informe sugiere que algunos sectores de su conglomerado habrían mantenido “relaciones indirectas a través de esquemas de financiamiento electoral y actividades comerciales en el área portuaria”.
El caso A Construir y las inconsistencias corporativas
Otro punto crítico es el manejo de la constructora A Construir, empresa que los Daes afirmaron haber vendido en junio de 2022 tras verse envuelta en escándalos de corrupción. Sin embargo, Culper indica que los registros corporativos colombianos y panameños no muestran cambios materiales en la propiedad en esa fecha y que, incluso en 2023, las actas internas de la firma hablaban de readquisición y cancelación de acciones, lo que sugiere que los Daes podrían haber mantenido el control real a través de terceros.
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“Los registros corporativos no apoyan claramente la narrativa de una venta limpia en junio de 2022”, advierte el informe, señalando posibles inconsistencias en las divulgaciones de Tecnoglass ante la SEC en Estados Unidos.
El documento concluye que las revelaciones plantean un riesgo severo para la estabilidad empresarial y política de la región Caribe. “Las alegaciones filtradas sobre financiación ligada al Cártel de Sinaloa, si fuesen corroboradas por investigación formal, podrían implicar sanciones del Tesoro de EE.UU. y acciones del Departamento de Justicia”, sostiene Culper.
La firma agrega que la convergencia de poder económico, intereses políticos y actividades ilícitas en Barranquilla amenaza con consolidar un “narco-empresariado” con influencia directa en las instituciones democráticas locales.
Tecnoglass aseguró que el informe de Culper tiene acusaciones “falsas, engañosas e infundadas”. La empresa “mantiene su compromiso con los más altos estándares de conducta ética, transparencia y buen gobierno corporativo. La compañía está evaluando todas las opciones disponibles, incluyendo posibles acciones legales contra las partes responsables de la difusión del informe, para proteger los intereses de sus accionistas y la integridad del mercado”.
