En entrevista con La FM, Eisenhower Zapata, defensor de derechos humanos e integrante del comité de justicia transicional de Risaralda, señaló que el retorno de algunas comunidades indígenas a sus territorios se ha convertido en un asunto de disputas internas y utilización política. Según explicó, existen divisiones entre los Embera y dificultades relacionadas con la seguridad y el orden público en la zona.
¿Por qué algunas comunidades indígenas no retornan a sus territorios?
Zapata indicó que la situación ha derivado en un fenómeno repetitivo. “Eso se volvió un negocio, sobre todo para quienes ejercen los cabildos o gobiernos propios”, afirmó. Agregó que, mientras en la región habitan más de 50.000 indígenas, “los que mantienen esas movilizaciones son alrededor de 2.000 o 3.000 junto con sus autoridades”.
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Sobre los dirigentes, señaló: “Usted nunca ve al gobernador ni al dirigente pidiendo en las calles. Los que terminan en esa situación son mujeres, niños y adolescentes. Mientras tanto, los líderes acceden a recursos, se mantienen en restaurantes o gastan el dinero en otras actividades”.
Finalmente, Zapata recalcó que no todos los indígenas participan en estas movilizaciones. “Hay más de 50.000 Embera en Chocó, Caldas y Risaralda. La mayoría permanece en sus territorios con proyectos productivos y apoyo de gobiernos locales. Solo un pequeño grupo, entre 2.000 y 3.000, aprovecha la oportunidad de obtener recursos mediante las movilizaciones”, concluyó.
