El sistema de comercio de derechos de emisiones que obliga a los principales sectores industriales a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono (CO₂) que expulsan es desde hace dos décadas el instrumento más señero y eficaz de la política climática de la Unión Europea. Tocaba revisarlo ahora y seguramente no era el mejor momento. Porque en un convulso mundo marcado por el avance de las políticas ultraderechistas contrarias a la agenda verde, algunos países de la UE han empujado contra este instrumento. Finalmente, Bruselas ha presentado este viernes su esperada propuesta de reforma, que suaviza el sistema. Pero la Comisión ha optado una vez más por una decisión salomónica, porque también había países —con España ocupando un lugar destacado— que abogaban por mantener su integridad.
Seguir leyendo
