Preocupa que la SIC no pueda cobrar los $8.000 millones que le impuso a Dimayor, pues el fallo de la Corte deja el proceso al borde de caducar.
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La prueba tendrá una duración máxima de siete días y un límite de 1.000 hectáreas. Zonas, rutas de vuelo y el cronograma permanecerán bajo reserva.