Muchas personas no cuentan con el dinero suficiente para financiar proyectos como la compra de un vehículo, una vivienda o la educación universitaria.
En estos casos, es posible solicitar un crédito a través de una entidad financiera, con el compromiso de devolver el dinero —en cuotas o en un solo pago— junto con un interés adicional.
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El aval o codeudor también puede ser considerado responsable solidario. Si el titular no paga, el aval enfrenta las mismas consecuencias legales, incluyendo el embargo de bienes. Por ello, es fundamental evaluar la capacidad de pago antes de asumir ese rol.
Generalmente, las entidades bancarias inician una reclamación judicial tras el tercer o sexto impago. En esta fase, un juez de la República puede ordenar el embargo, sin necesidad de notificar previamente al deudor, con el fin de evitar que oculte bienes. El proceso se ejecuta una vez se han agotado los avisos formales del acreedor.
