Desde hace varios días, por lo menos 50 familias campesinas que sustituyeron la hoja de coca en el Catatumbo en el año 2016, en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, siguen a la espera del pago correspondiente por la erradicación de los cultivos ilícitos.
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Las familias que llegaron a Cúcuta, han manifestado que continuarán en las instalaciones del programa en la ciudad mientras no dan una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional y de la dirección del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Ante esta situación, Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, manifestó hace varios meses que los incumplimientos del Plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos han sido flagrantes, al punto que solo el 3 % del universo de las familias cultivadoras de hoja de coca en la región, fueron incluidas en el programa con beneficios parciales.
“Más o menos el 3 % de las familias que cultivan coca en el Catatumbo tuvieron acceso al PNIS y se han dado muchos incumplimientos, demoraron los pagos a las familias, tardaron en ejecutar los proyectos transitorios y es la hora y los proyectos productivos no han llegado a las regiones”; expreso el representante a la Cámara.
Para Quintero este tipo de retrasos que, asegura, se vienen presentado desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, resta legitimidad a los procesos, al punto que la legitimidad que Gustavo Petro tiene en territorios donde se requiere la sustitución, se ha ido reduciendo.
