Tras el hundimiento del proyecto de ley de reforma laboral en el Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro está explorando alternativas para implementar algunos de los puntos que considera esenciales. Una de las opciones planteadas es la expedición de decretos reglamentarios por parte del Ministerio del Trabajo.
Sin embargo, la jerarquía normativa en Colombia establece que las leyes están por encima de los decretos. Estos últimos tienen la función de reglamentar leyes existentes, pero no pueden modificarlas, adicionarlas ni alterarlas. Cualquier intento en ese sentido podría ser objeto de demandas por inconstitucionalidad.
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Es posible que la consulta incluya temas fundamentales de la reforma laboral, como la jornada nocturna o los recargos por trabajar en días de descanso. Para que su resultado sea vinculante, debe contar con el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, y la participación debe alcanzar al menos la tercera parte del censo electoral.
Los números que requiere la consulta popular
Según las cifras más recientes de la Registraduría, el censo electoral en Colombia asciende a 40.963.370 personas. Esto significa que el Gobierno necesitaría la participación de al menos 13.654.456 votantes. De ese total, un mínimo de 6.827.229 debería votar a favor para que las reformas propuestas por el presidente Petro puedan ser aprobadas.